Ley nacional obstaculiza manifestaciones provida en Gales e Inglaterra
Este jueves 31 de octubre ha entrado en vigor en Inglaterra y Gales la ley nacional de "zona de amortiguación" que prohíbe las manifestaciones frente a los centros de aborto.
El día en que se puso en marcha la nueva ley, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) publicó nuevas directrices que aclaran que la oración silenciosa en una zona de amortiguación del aborto "no es necesariamente" un delito, según un comunicado de prensa de Alliance Defending Freedom (ADF) UK.
La aplicación de la ley nacional sucede más de un año después de que el Parlamento aprobara la Ley de Orden Público de 2023.
La nueva ley tipifica como delito penal el "interferir en la decisión de cualquier persona de acceder, proporcionar o facilitar la prestación de servicios de aborto" dentro de los 150 metros de un centro de abortos.
Asimismo, declara ilegal cualquier acción que "cause acoso o angustia a alguien que use o trabaje en estas instalaciones".
Anteriormente, las zonas de amortiguación sólo se habían aplicado en cinco ayuntamientos de todo el Reino Unido. El castigo por violar la Ley de Orden Público es de hasta seis meses de prisión y multas ilimitadas.
La Ley ha sido objeto de controversia y debate en las cámaras parlamentarias durante los meses previos a su implementación debido a las preguntas sobre lo que podría interpretarse como acoso, después de que varios manifestantes provida fueran detenidos y procesados por rezar en silencio fuera de las clínicas de aborto.
Antes de la aclaración del CPS, ADF UK había lanzado una petición al primer ministro del Reino Unido, Kier Starner, —y que obtuvo casi 60.000 firmas— para que se abstuviera de aprobar la ley.
De acuerdo a la petición, esta ley había sido responsable de "la creación de delitos de pensamiento", y recordó los arrestos de personas que habían estado rezando en silencio fuera de las clínicas de aborto.
La activista provida Isabel Vaughen-Spruce, directora de March for Life UK, calificó la decisión de aprobar la ley como una "desgracia nacional".
De manera similar, la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos del Reino Unido afirmó que la aprobación de la ley ha sido "un día de vergüenza para Inglaterra y Gales" y "un momento escalofriante en la historia de Gran Bretaña".