20.12.2024
Golpe contra Iglesia Católica, los cambios en constitución de Nicaragua
02.12.2024
Ortega y Murillo consolidan poder absoluto con nueva Constitución
La reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo busca consolidar su control absoluto sobre Nicaragua. Con más de 140 artículos modificados y 37 eliminados, la nueva Constitución concentra todo el poder en el Ejecutivo, incluso en áreas religiosas.
(CruxNow/InfoCatólica) Una amplia reforma constitucional promovida por el líder sandinista Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, probablemente intensificará la persecución política contra la Iglesia Católica, así como contra otras iglesias y denominaciones cristianas en Nicaragua, según analistas.
De los 200 artículos que conforman la Constitución, más de 140 serán modificados y 37 serán eliminados. Aunque el Congreso ya ha aprobado la nueva Constitución, esta deberá ser votada nuevamente, algo que probablemente ocurrirá en 2025.
La nueva Constitución concentra aún más el poder en las manos de Ortega y Murillo, quienes ahora serán considerados «copresidentes». Todos los poderes del Estado permanecerán bajo el control del Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas y la Policía, directamente subordinadas a la pareja gobernante, contarán con el apoyo oficial de la llamada Policía Voluntaria, integrada principalmente por ciudadanos. Este grupo fue clave en la represión de las manifestaciones que se opusieron a la reforma de Ortega en 2018.
Además, los cambios permitirán un mayor control sobre la prensa y los ciudadanos, quienes podrán ser despojados más fácilmente de su nacionalidad nicaragüense si son considerados «traidores». De hecho, muchos disidentes políticos que han sido exiliados por el régimen ya han perdido su ciudadanía.
En lo que respecta a la religión, varias disposiciones debilitan a las iglesias que operan en Nicaragua. Un ejemplo es el artículo 14, que establece que «bajo el amparo de la religión, ninguna persona u organización podrá realizar actividades que atenten contra el orden público». También determina que «las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero».
Para muchos opositores al régimen de Ortega, esta modificación busca someter a las iglesias cristianas en Nicaragua, incluida la Iglesia Católica.
«Esa modificación elimina el espíritu de lo que conocemos como religión. Las religiones no se limitan a territorios específicos; no reconocen barreras», declaró Yader Valdivia, coordinador de documentación e investigación de la organización no gubernamental *Nicaragua Nunca Más*, que agrupa a activistas de derechos humanos exiliados en Costa Rica.
La relación entre el Vaticano y la Iglesia Católica en Nicaragua es vista por el régimen como un ejemplo de «control extranjero». Sin embargo, otras denominaciones cristianas, especialmente aquellas fundadas en el extranjero, también podrían verse afectadas.
«En el Estado que está siendo creado por la nueva Constitución, solo la pareja Ortega-Murillo podrá controlar la religión en el país», añadió Valdivia.
El artículo 69 menciona que la manifestación pública o privada de creencias religiosas debe llevarse a cabo conforme a los principios fundamentales establecidos por la Constitución. Por su parte, el artículo 120 señala que las escuelas privadas pueden educar a los niños en temas de fe, pero también en alineación con los principios de la Constitución.
«¿Y cuáles son esos principios? Son los principios revolucionarios establecidos por la nueva Constitución», afirmó Valdivia, quien considera esta disposición una agresión directa contra todas las religiones al subordinar sus creencias al sandinismo.
Persecución constante contra la Iglesia Católica
Desde las protestas masivas de 2018, la Iglesia Católica ha sido atacada continuamente por el régimen de Ortega. Según el medio Nicaragua Nunca Más, al menos 74 religiosos, en su mayoría sacerdotes, han sido arrestados entre 2018 y 2024. De ellos, 63 fueron liberados y enviados al exilio, y 35 han perdido su nacionalidad.
Tres obispos católicos han sido exiliados hasta la fecha. El caso más reciente es el del obispo Carlos Enrique Herrera, de Jinotega, presidente de la Conferencia Episcopal. Tras criticar una actividad ruidosa promovida por el gobierno local durante la celebración de una Misa el 10 de noviembre, Herrera fue trasladado al aeropuerto de Managua y enviado a Guatemala.
En Guatemala, el obispo fue recibido por los frailes franciscanos de su Congregación, según informó el periódico español El País.
